El año 2013 el Galpón de la empresa ATI (privada) dentro de los terrenos de EPA (empresa estatal) usando medios dolosos en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a sabiendas que debían ser ingresados al Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA) parcializo y fracciono el proyecto que originalmente iba hacia Mejillones desde el sitio productor a través de un minera ducto.
El proyecto se traslada al Puerto de Antofagasta y comienza la construcción del Galpón azul pese al reclamo del Colegio Médico y ciudadanos conscientes del tremendo peligro de contaminación.
El Colegio Médico y Ciudadanos presentan este caso ante la justicia para determinar responsabilidades de los permisos otorgados y la No construcción de esta edificación, pero por error de forma y no de fondo la Corte Suprema rechazó el pedido de NO Construcción de este Galpón debido a que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) no tenía potestad de sancionar y fiscalizar porque este proyecto ingreso antes el 28 de diciembre del 2012 no estando la SMA en plenitud de sus facultades.
Esto está dando cuenta en relación con la fragilidad de la institucionalidad ambiental, toda vez que su función descansa en los antecedentes que aportan los proponentes de proyectos y no posee un carácter de contraparte técnica por parte de la SMA.
Es de suma importancia que se deba legislar para que estos proyectos no sean modificados por mera voluntad del que los presente los fraccione y que cada Resolución de Calificación Ambiental (RCA) pueda ser revisadas cuando exista la duda del impacto en la salud de la población y entorno como la aparición de nuevas tecnologías que mejoren el tratamiento de mitigación o desaparición de la contaminación. Por otra parte, la carencia de personal que permita fiscalizar adecuadamente los proyectos y, en el mismo sentido, la falta de recursos asociados y la necesidad de aumentarlos por parte del Estado para fortalecer la Institucionalidad Ambiental.
Todas las autoridades locales y centrales han sido responsables por omisión o acción que desatendiendo la propia Constitución del Estado de Chile no se pronuncian seguramente por una actitud pasiva y tolerante frente a la industria de la minería que ha sido constante en nuestra historia como región. Resumiendo, podemos afirmar que:
1. Ministerio de Salud ha sido reactivo a la denuncia ciudadana llegando tarde a la solución de los problemas.
2. Ministerio de Medio Ambiente. Su misión es liderar el desarrollo sustentable, a través de la generación de políticas públicas y regulaciones eficientes, promoviendo buenas prácticas y mejorando la educación ambiental ciudadana cuestión que no se ha llevado a cabo desde su creación en la comuna de Antofagasta.
3. Estado de Chile es responsable por una evidente e histórica falta de servicio por su pasividad e inactividad en la protección de la salud y el medioambiente en la comuna de Antofagasta.
4. Empresas Privadas no han estado a la altura ética ni teniendo ninguna responsabilidad social con la comunidad pues el daño está a la vista por lo cual ha generado una desconfianza en su accionar.
El Consejo Regional de Antofagasta (CORE) de la cual soy integrante y presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, entendiendo el grave problema aprobó fondos para estudio de metales en suspensión para toda la ciudad de la región por probable contaminación e impacto en la salud de las personas, pero el centralismo de Santiago dijo que fuera solo para Antofagasta.
¿Cuándo se realizarán estos estudios? si hasta la fecha, año 2017 NADA SE HA HECHO y sigue nuestra población aspirando estos metales contaminantes y nuestra ciudadanía sigue muriendo de Cáncer. Una de las tasas más altas del país y del mundo de esta patología que presuntamente es por efecto de metales pesados presente en los concentrados de cobre. Seguimos esperando que las Instituciones funcionen.
Dr. Marcos Madrigal Videla
